El Gobierno de Cristina Fernández Kirchner en Argentina suma y sigue en su deriva autoritaria con una nueva medida con la que pretende monopolizar todas las estructuras de poder e influencia en el país. A su ya larga lucha contra el grupo Clarín por no someterse a sus dictados y el intento de ocupación de un sector básico de la economía como es la energía, expropiación YPF, se une ahora el control del poder judicial. Ya sabemos que los peronistas nunca han sentido mucho respeto por los discrepantes y en esto se aproximan mucho a otros movimientos populistas más modernos, como el bolivarismo en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Todos estos movimientos populistas persiguen un mismo objetivo: control total del poder económico, político y judicial para aplastar a la disidencia y perpetuarse en el poder. Para ello no vacilan ni disimulan: cambio de la Constitución cuando existe limitación de mandatos, control público de los medios de comunicación y control de los sectores productivos básicos de la economía. En resumen, se trata de acabar con los poderes independientes del Estado y someterlos a la voluntad del Gobierno. Nuevos tiempos, nuevos métodos pero los mismos objetivos de siempre del peronismo.

En el día de hoy el Parlamento Argentino ha aprobado el proyecto de ley con el que se pretende darle la vuelta al poder judicial argentino. El artículo más conflictivo es el que aprueba la modificación del Consejo de Magistratura. Este consejo es el encargado de nombrar y quitar a los jueces en Argentina, en todos los niveles. Antes de la reforma era necesaria una mayoría de dos tercios para quitar o nombrar a un juez. Con el cambio realizado el quorum queda en mayoría simple. Por si fuera poco, el número integrante del Consejo se ha elevado de 12 a 19 y los nuevos integrantes serán elegidos por voto popular encuadrados en los partidos políticos. Gracias a la mayoría actual, el control del Ejecutivo sobre el organismo será total.

¿ Qué se persigue con esta medida?. Básicamente, el control del sistema judicial por parte del Gobierno y la muerte de la separación de poderes. Se colocará en los puestos clave a los jueces amigos de la causa y dóciles con el poder, sino directamente aliados, y se eliminará de sus puestos a los jueces molestos con el Gobierno. Otro objetivo importante es proteger a los dirigentes oficialistas que tengan problemas con la Justicia. Por ejemplo el vicepresidente Amado Boudou imputado hace casi un año por supuesto enriquecimiento ilícito por el juez Jorge di Ellio. Se investiga su participación en operaciones con testaferros que hicieron negocios millonarios con el Estado, sobre todo cuando era ministro de Economía.

La votación en sí del proyecto de ley ha dejado una imagen bochornosa del funcionamiento de la Cámara argentina. Gritos e insultos como si fuera una barra brava en un partido de fútbol. Una de los primeros efectos de la disminución de las libertades en un país viene determinada por la imagen que se transmite en una sociedad en la que los medios de comunicación divulgan hasta el más mínimo detalle. Las persecuciones callejeras, los asedios a los parlamentos y las presiones a la oposición transmiten la imagen de una sociedad en descomposición. Tampoco hay que olvidar que Argentina tuvo, no hace mucho tiempo, una suerte de guerra civil larvada entre los montoneros y el Ejército dónde se vio que el respeto a los derechos humanos no es la primera preocupación de sus dirigentes. El camino emprendido por los Kirchner en Argentina parece calcado del proceso iniciado en el poder por Hugo Chávez en Venezuela. Apariencia de pluralidad pero un dominio brutal de todos los resortes de poder. Lo peor de todo, la grave crisis económica que vive Argentina, sin apenas financiación exterior y con una corrupción galopante. Además, no pasa nada. Si en la primera votación no sale la mayoría requerida por un voto, pues se repite la votación. Es la ventaja de jugar en casa y con el árbitro a favor.

Todas estas medidas están apoyadas por el asesor del Congreso Baltasar Garzón, condenado en España por vulneración de derechos fundamentales al espiar y grabar conversaciones de abogados con sus clientes en las cárceles. Con este curriculum vivirá en Argentina como si estuviera en casa. Hará muy buenas migas con Cristina Kirchner y el peronismo.

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