Como ya anunciamos desde aquí en varias ocasiones, la imputación de altos cargos de la Junta por el escándalo de los ERES, empezando por sus expresidentes y examigos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, era solo cuestión de tiempo. El auto de Mercedes Alaya del dia de hoy cierra el círculo. Una trama institucional muy bien organizada por la que los fondos destinados a las ayudas sociolaborales sirvieron para un fin muy distinto: desviar esos fondos a familiares y amigos que no tenían derecho a ellos. El proceso aplicado es sencillo. Bajo el Gobierno de Manuel Chaves se creó la partida de los Presupuestos llamada posteriormente fondo de reptiles, partida 31L. Un fondo de unos 700 millones de euros por el que se canalizaban las ayudas sociolaborales. El entonces consejero de Empleo José Antonio Viera y el entonces Presidente del Instituto de Fomento de Andalucía( IFA) y posteriomente consejero de Empleo Antonio Fernández, firmaron un convenio para dar apariencia de legalidad a las ayudas y subvenciones concedidas a empresas y trabajadores de forma extraordinaria y que eludían cualquier control. Primer indicio claro de corrupción. Antonio Fernández también está imputado y, de hecho , ya ha pasado por la cárcel.

Se ha criticado mucho desde el PSOE y el Gobierno andaluz la coincidencia de autos y actuaciones judiciales importantes con anuncios y acontecimientos importantes políticos del PSOE, como el anuncio de primarias y, ahora, el anuncio de la composición del primer Gobierno de la Junta de su Presidenta, Susana Díaz. Y es cierto, es una coincidencia muy llamativa. Vamos a suponer que es verdad y que la jueza trata de interferir en la agenda política andaluza. Y…¿ Cuál es la diferencia?. Lo importante no es el momento escogido para sus actuaciones, sino si los hechos que le imputa a los acusados son ciertos o no. Ésa es la cuestión clave. Lo demás es literatura. También se olvidan estos críticos de una cuestión importante: no estamos en campaña electoral y, si Susana Díaz no adelanta los comicios, quedan más de dos años para agotar la legislatura. Por otra parte, el PP andaluz está tocado y hundido y no supone ninguna amenaza real para ganar nuevamente las elecciones autonómicas.

La petición de imputación de Chaves y Griñán obliga a la juez Alaya a pasar la parte del sumario que les afecte al Tribunal Supremo, para los diputados nacionales Chaves y Viera y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para los diputados andaluces Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y, de momento, Griñán. Griñán será senador próximamente para garantizarse su aforamiento ante el Tribunal Supremo. No obstante, es muy difícil que Chaves y Griñán y el resto de altos cargos imputados sean condenados penalmente. Son responsables políticos del fraude, saqueo y mala gestión de las ayudas públicas al empleo en Andalucía. Pero al no haber apropiación personal de esas partidas presupuestarias y fondos, la condena es muy dificíl.

La jueza no puede investigar ni actuar contra imputados. Lo que sí puede hacer es darles la oportunidad de personarse en la causa y remitir las partes que le afecten a los Tribunales Superiores correspondientes. Esto es lo que ha hecho en el dia de hoy, reconociendo, eso sí, las “consecuencias procesales extrañas” que pueden derivarse del caso. Lo principal que habría que recriminarle es la tardanza en llevar el proceso, a pesar de las trabas puestas desde la Junta.

Pero su responsabilidad política es clara. Eran ellos como Gobierno andaluz los garantes del buen uso de los fondos públicos. Bueno, deberían ser ellos los garantes. Ya hemos visto como en hasta 17 ocasiones el exinterventor general de la Junta advirtió sobre que el procedimiento empleado para esas ayudas no era lícito y no se hizo nada para corregirlo. Ésa es la principal prueba de corrupción de todo el entramado tejido alrededor de la Junta y de las ayudas sociolaborales al empleo. Lo que se hizo con gran parte de ellas, también lo sabemos: colocación de familiares y amigos en los ERES de diversas empresas en las que nunca habían trabajado para cobrar una jugosa jubilación. Y del exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, y su cocaína ya ni hablamos.

Un proceso enorme, con más de 120 imputados que refleja mejor que nada el complejo sistema institucional que ha venido gobernando Andalucía ininterrumpidamente desde la Transición. Un partido fuerte, PSOE andaluz, creando un sistema clientelar con el que mantenerse en el poder bajo el paraguas de un supuesto progresismo que no es tal. Bien apoyado por los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y con una muy buena relación con la organización empresarial CEA. Andalucía sigue a la cola en todos los indicadores económicos, es la región más pobre de la Europa occidental y con el nivel de paro más alto. Y, por si fuera poco, el expolio de los fondos destinados al empleo. Suena como si Luis Roldán le robara otra vez el dinero de los huerfános a la Guardia Civil. Se han desperciado todas las oportunidades de progreso en años de Gobierno socialista. La culpa no es solo de ellos, lógicamente. Una sociedad muy conservadora en el fondo bajo el mantra de un izquierdismo folclórico mil veces repetido que lo agunta todo sin pestañear, adormecida. Cómo defender el decreto para alimentar a los niños 3 veces al día y luego tenemos en Canal Sur multitud de programas ensalzando la bonanza de nuestra región y con el pijerío gastronómico a todas horas. No suena creíble.

Los altos cargos de las consejerías de Empleo, Hacienda y la propia Presidencia de la Junta, en la figura de sus dos huéspedes anteriores, están imputadas. Los consejeros ayer cesados, Carmen Martínez Aguayo( la que, según ella, no avisó a Griñán de los avisos recibidos de fraude) y Antonio Ávila, también. Se trata de una imputación general a una forma de hacer política desde hace 30 años. La decadencia de un sistema que no se romperá, al menos de momento. El rival de Susana Díaz en el PSOE sevillano, José Antonio Viera, también.

La marcha de Griñán al Senado traerá como consecuencia una nueva diputada en el Parlamento andaluz. Amalia Rodríguez cubrirá la vacante de Griñán como diputada. Dos datos relevantes: es una mujer muy próxima a Susana Díaz( es Presidenta de la agrupación socialista de Triana de la que proviene la Presidenta de la Junta) y es la esposa de Emilio de Llera, consejero de Justicia e Interior del Gobierno andaluz. El único miembro del Gabinete que se mantiene en su mismo puesto. Todo queda en casa.

Lo peor de todo es que nada va a cambiar próximamente. El PSOE ganará, nuevamente, las siguientes elecciones tras la última derrota que los ha obligado a coaligarse con Izquierda Unida para seguir gobernando. El Partido Popular andaluz seguirá buscando un candidato que sustituya a Zoido, más pendiente de la alcaldía de Sevilla, y estará más preocupado de resolver sus problemas internos derivados del caso Bárcenas y de la implicación de Javier Arenas en la estrategia de apacigüar al innombrable. Lo que si veremos es crecer a Izquierda Unida en representación, con sus Valderas y pisos baratos y sus Gordillos asaltasupermecados, y en poder. Pero aquí seguiremos.

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